El Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad del impuesto medioambiental que la Generalitat de Cataluña aplica a las aerolíneas desde 2014. Este tributo [1] grava las emisiones de óxidos de nitrógeno producidas por la aviación comercial durante el ciclo LTO (Landing and Take-Off), que incluye las fases de rodaje, despegue y aterrizaje en aeropuertos ubicados en zonas de protección especial.
Sentencias y alegaciones de las aerolíneas
El fallo del Supremo desestima los recursos presentados por Aerolíneas Argentinas, Germanwings y American Airlines, entre otras, contra la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya había avalado el impuesto. Las aerolíneas alegaban que, según un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el tributo representaba una ayuda de Estado ilegal, ya que algunas compañías estaban exentas de abonarlo.
El alto tribunal, sin embargo, ha rechazado esta interpretación y ha negado la devolución de los importes pagados por las aerolíneas en varios ejercicios fiscales. En su argumentación, los magistrados han recordado que esta cuestión ya fue abordada en abril de 2024, cuando desestimaron un recurso similar presentado por KLM, estableciendo así un precedente que también afecta a otros litigios promovidos por Eurowings, Air France y Lufthansa.
Impacto del impuesto y recaudación
Este tributo forma parte de un paquete de medidas medioambientales aprobadas durante el gobierno de Artur Mas, que también incluía impuestos a la emisión de gases industriales y a la producción de energía nuclear, aunque este último fue declarado inconstitucional.
Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), entre 2016 y 2023, el impuesto generó una recaudación de 31,67 millones de euros para la Generalitat.
A pesar de la resolución del Supremo, las aerolíneas aún podrían recurrir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas, aunque las opciones de éxito parecen limitadas tras este fallo.
[1] BOE-A-2014-11991